MIEDO Y VIOLENCIA 4ª Y ULTIMA PARTE

AQUÍ TENÉIS LA CUARTA Y ULTIMA ENTREGA DE ESTE INTERESANTISIMO ARTICULO

4. La Medida Preventiva o la Violencia de Estado

La “seguridad ciudadana” y el “civismo” son, pues, la ilusión que da sentido a la batería de medidas preventivas articuladas por el Estado contra la delincuencia y el terrorismo. La "prevención" a este miedo construido es precisamente lo que legitima el despliegue legal y represivo que estamos viviendo.

Para ello es preciso demostrar que el Estado es efectivo en estas luchas, en esta espiral de violencia que su propia presencia genera. Así, muestra cómo la acción policial y penal es la solución a las problemáticas que van manifestándose en la sociedad. La represión, como respuesta a los hechos punibles y a los “atentados” a la seguridad, tiene plena cobertura legal: una serie de leyes y normativas sancionadoras se lanzan contra la sociedad para dar margen de maniobra a la acción policial, a la vigilancia de todos los espacios bajo su control. En definitiva, una red estructurada de control sobre los individuos, expandiéndose por el cuerpo social con una dinámica propia.

La "amenaza terrorista" ha permitido legitimar la expansión cuantitativa y cualitativa de los servicios secretos de los Estados: desde los EEUU (con la Patriot Act ); pasando por Gran Bretaña (con el " Tirar a Matar "); por Francia (con las expulsiones del Ministro del Interior, Sarkozy, de los presuntos islamistas radicales en el mes de agosto, antes de la revuelta de octubre-noviembre de 2005); por Italia (las medidas antiterroristas de Giuseppe Pisanu, que otorga más maniobra a los militares); y, finalmente, por España (la expulsión en el 2004 de más de 50.000 inmigrantes según fuentes policiales; o con el espectacular aumento del presupuesto, del margen de maniobra y de los efectivos del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, entre otras medidas).

Pero es la Ley Antiterrorista la que mejor expresa la utilidad del miedo, y la violencia, para el control social. Bajo ella, los individuos sospechosos de terrorismo quedan totalmente aislados en manos del Estado. Es la Ley por excelencia del Miedo y de la Violencia. Es decir, nadie, excepto los que están detrás de esa sospechosa cortina legal, conoce de lo que pasa. Por sus resultados (autoinculpaciones, delaciones, lesiones, enfermedades psicológicas, ansiedades, etc.), tanto organizaciones de defensa de derechos humanos (como Amnistía Internacional), como sus propias víctimas, han denunciado prácticas de tortura. Y es precisamente lo que esta Ley permite: la impunidad del Estado ante sus propias leyes, que incluso formalmente llegan formalmente a prohibirla. Es por ello que la mayoría de gobiernos quieren aumentar los días de aislamiento bajo esta ley, en nombre de su eterna lucha contra el terrorismo, y como máxima garantía de la seguridad prometida.

Porque estas leyes antiterroristas no dejan de ser sino nuevos eufemismos de las leyes que antaño formalizaban la tortura. Y ello lo saben perfectamente los movimientos sociales: cuando se es tan “osado” de perderle el miedo al poder e, incluso, de pretender transformar la sociedad, el poder despliega toda la violencia posible contra los individuos y grupos sociales que le amenazan. Es la violencia del Estado contra el individuo declarado en rebeldía, a la vez que un claro mensaje de Terror para todo su entorno social.

En definitiva, un conjunto de "medidas preventivas" que totalizan la capacidad de los Estados para controlar todos y cada uno de los individuos que están bajo su dominio, y que encuentran, tarde o temprano, una fuente de legitimación (ya sea por acciones terroristas propiamente dichas o por las amenazas y alarmas sociales que se construyen). Sarkozy lo expresaba así: "Nuestra voluntad es, ante todo, inscribirnos en la prevención, anticipar. Para garantizar la seguridad de los franceses hay que estar avanzados, no en retraso" ( La Vanguardia , 30 de julio de 2005). Esto, a tres meses de la revuelta popular de los barrios más excluidos de la "seguridad francesa". En España, el aumento de las dotaciones del CNI no es consecuencia de los atentados de Madrid de 2004, sino que más bien éstos acabaron por legitimar la dinámica que ya venía impulsada un año atrás, cuando nació el CNI con una partida presupuestaria cuatro veces superior a la del anterior CESID.

Contra la otra amenaza, la delincuencia, las cifras hablan por sí solas: sólo en Barcelona se cuenta ya con unos 7.000 policías, entre Mossos d'Esquadra (unos 2.500), Policía Nacional (unos 1.600) y Guardia Urbana (unos 2.500). En Cataluña se calcula que operan unos 27.685 policías. A todo este despliegue policial, de cifras oficiosas más o menos variables, hay que añadir los cerca de 1.200 vigilantes vinculados a las 402 empresas de seguridad privadas que operan en Cataluña. ¿Cómo justificar este despliegue? ¿Cómo legitimar la presencia de tanta población armada?

Estadísticas de delincuencia, con cifras de todo tipo (detenciones, delitos denunciados, etc.), muchas veces contradictorias y, evidentemente, con múltiples lecturas, vienen a utilizarse para demostrar, supuestamente, que 1) la delincuencia no para de aumentar de la mano de la inmigración (reiteración del miedo) y 2) la necesidad policial en esta lucha (legitimación de la violencia).

Sin embargo, el efecto es más bien otro de muy diferente: es a partir de todo el despliegue policial, de toda esta violencia preventiva que viene desarrollándose, como se aumenta la presión contra la sociedad. Para ello se disponen de leyes que buscan regular cada vez más espacios de la vida social en nombre del civismo y de la seguridad ciudadana. Leyes que pretenden expulsar individuos de la vía pública (ordenanzas municipales de Barcelona, Valencia, Alicante, etc.), que persiguen formas de subsistencia en la frontera de la exclusión, que empujan la marginalidad hacia zonas menos “públicas”, y donde puede operar sin miradas incómodas la violencia estructurada.

Es así como en España se ha llegado a las cifras espectaculares: es uno de los países que encabezan las cifras de dotaciones policiales y, a la vez, ocupa de los primeros puestos en Europa en población reclusa. Los centros de detención y las cárceles están cada vez más llenas: la población encarcelada en España es de más de 61.000 personas, prácticamente igual que en Francia, que cuenta con casi 20 millones más de habitantes.

No obstante, la prevención contempla esta aritmética: nuevas y más sofisticadas prisiones están en proceso de construcción. En España se esperan 11 nuevas instalaciones, más las cuatro que ya están en construcción, junto con 46 nuevas infraestructuras penitenciarias entre los años 2006 y 2012. Eso sin contar Cataluña, la única Comunidad Autónoma del Estado que tiene transferidas las competencias en este ámbito, y donde la Generalitat tiene previsto construir once centros más hasta el 2010. Total: 72 nuevas instalaciones de privación de libertad en seis años.

Para legitimar todo este despliegue de encarcelamiento, se alternan informaciones de los elevados índices de reincidencia (casi el 40% en Cataluña, según estudios del propio Govern), y de la masificación que sufren los centros, que pone en entredicho tanto los derechos de los reclusos, se dice, como el mantenimiento del orden en las instituciones penitenciarias.

Pero los auténticos resultados de las prisiones son la violencia que cultivan, con un total poder destructivo del individuo, de brutalidad extrema, como demuestran todo tipo de estudios como los del Observatori del Sistema Penal i del Drets Humans de la Universitat de Barcelona. Y es que las cárceles son el punto en que la Ley ha dejado de ser disuasoria y se presenta con toda su violencia. ¿Qué hay más violento que encerrar a individuos durante largos períodos de tiempo? Y es que no se puede atribuir objetivos "reinsertadores" a una institución diseñada para regular la exclusión social con la violencia del encarcelamiento. ¿Cómo reinsertar, de hecho, a quién ha sido precisamente excluido?

Los resultados hablan por sí solos en los EUA, país que cuenta con más de dos millones de prisioneros, siendo el líder mundial indiscutible en la relación de presos por habitante. Los índices de su Tolerancia Cero no dejan lugar a dudas, al igual que las cifras británicas y españolas: sólo se ha conseguido aumentar la violencia que se decía combatir.

Porque el miedo se retroalimenta: casos espectaculares, de morbosidad trágica, llenan los medios de comunicación. Expresos reincidiendo, expresos realizando actos más violentos que los que les llevaron a la cárcel. Delincuentes irrecuperables que no merecen otro espacio que los muros de una prisión. En ningún caso se plantea cuáles han sido los efectos de la cárcel sobre estos individuos. ¿Por qué nadie se pregunta sobre los 800 muertos en las cárceles en los últimos cinco años (más de 1.000 en los últimos cuatro años, según Salhaketa)? ¿Por qué se ha producido un aumento espectacular de los suicidios en la prisión?

Es un miedo, pues, que se alimenta de la propia violencia. Y así, cada miedo que se instala con éxito, supone un paso adelante del control policial, de su acción vigilante hacia la sociedad. Estos efectos se pueden apreciar especialmente en Cataluña, donde este proceso terrorífico ha coincidido con el despliegue de un cuerpo policial (los Mossos d'Esquadra). Un pequeño análisis de la publicidad que ha acompañado al despliegue nos muestra los valores que impregnan la acción dominadora actual: "proximidad". Hacer de la policía un elemento próximo, un salvavidas. No percibirles como agentes sancionadores, controladores, vigilantes, sino como un elemento de prevención, de auxilio: una policía próxima y de ayuda. El máximo aliado y exponente de la seguridad ciudadana y del civismo para, así, poder incrustarse en el tejido social, captar información de primera mano, generar una sociedad de delación generalizada.

Pero no es nada nuevo. Ha sido siempre el objetivo de todos aquellos que se han propuesto el dominio de la sociedad, y que Jeremy Bentham expresó cuando diseñaba la cárcel perfecta:

“Denunciar el mal, o sufrirlo como cómplices. ¿Qué artilugio puede eludir una ley tan inexorable? ¿Qué conspiración puede mantenerse contra ella? La crítica que, en todas las prisiones se vincula con tanta virulencia al carácter del delator, no encontraría aquí base ninguna. Nadie tiene derecho a quejarse de lo que otro hace por su propio instinto de supervivencia. Tu me criticas mi malicia, respondería este acusador, pero qué puedo pensar de la vuestra, vosotros que sabéis perfectamente que seré castigado por vuestra culpa (…)? Así, siguiendo este plan, hay tantos compañeros, tantos inspectores; las mismas personas que hay que vigilar, se vigilan mutuamente, y contribuyen a la seguridad general” (1985: p. 144).

En definitiva, el imperio del miedo no es más que un antiguo sueño de los proyectos que aspiran a la perfección en el arte de la dominación. Una sociedad de individuos aislados, que buscan constantemente refugio en el poder, en la seguridad que les proporciona la violencia del más fuerte. Una anti-sociedad donde todo individuo es un guardián, un policía vigilante del vecino, con plena fe en la autoridad y en la acción del Estado. Una sociedad rota, dividida, que ve como la libertad queda ahogada por la violencia y la exclusión que generan aquéllos que ambicionan dominarla. El miedo nos está preparando para la violencia.

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